Impacto en ganadería del impuesto inmobiliario

Del comunicado de la Asamblea Legislativa.

Representantes de los ganaderos nacionales sostienen que la modificación del impuesto de bienes inmuebles que se impulsa con base en la plataforma de valores, podría resultar confiscatorio para muchos de ellos.

Así lo dejó ver Leonardo Luconi, Presidente de la Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA), ante los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios.

En esta comisión se da trámite a la iniciativa 18070 Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos, que aunque su nombre no lo indica, lo que impulsa es una modificación en el impuesto de bienes inmuebles.

Sobre este mismo tema la legisladora del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña Castro, presentó a la corriente legislativa, una nueva propuesta, la cual está contenida en el expediente 18355.

La modificación a dicho impuesto sería escalonada de acuerdo con el uso de suelo y con base en la plataforma de valores.

Así las cosas el impuesto para los terrenos de vocación agrícola sería de un 0.15 de su valor, en el caso de las viviendas el monto sube a 0.25 mientras que un 0.28 se cobraría al sector industrial y 0.30 a los comerciantes.

El representante de los ganaderos Leonardo Luconi, afirmó que la propuesta que se hace para ese sector no se ajusta a la realidad y que para muchos de los ganaderos guanacastecos “que apenas se están recuperando de una de las más graves crisis de los últimos años, este impuesto podría resultar confiscatorio”.
También estuvo en esta oportunidad el ingeniero Julián Morales, del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Escazú, quien expuso el criterio de ese gobierno local sobre el mismo tema.

Con relación al expediente 18207 Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe sur, se aprobó una moción para consultar una serie de instituciones vinculadas con el tema.

Entre las instituciones que deberán definir su posición destacan el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) los ministerios de Hacienda y Planificación, el Instituto Costarricense de Turismo, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur.

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